Las inversiones en infraestructuras han sido, desde hace siglos, una de las herramientas básicas de los gobiernos para promover el desarrollo de una zona geográfica. Es decir, el crecimiento económico se consigue como una consecuencia, entre otros factores, de la inversión en infraestructuras. Sólo en las zonas muy desarrolladas la construcción de infraestructuras pueden considerarse como una consecuencia del crecimiento económico.
Hay multitud de ejemplos de este principio económico. Sin irnos muy lejos en el tiempo, la construcción del AVE de Madrid a Sevilla coincidiendo con la celebración de la Expo, en lugar de empezar por la línea de Madrid a Barcelona, donde también se celebraban los Juegos Olímpicos, fue una decisión del gobierno para equilibrar el desarrollo económico de Andalucía frente a un territorio entonces ya mucho más desarrollado como Cataluña. Esta decisión del gobierno de Felipe González, anunciada y argumentada por el ministro Borrell fue entendida como una apuesta, que el tiempo ha demostrado como muy acertada, para impulsar el desarrollo del sur de la península.
Huelva es un territorio que ha sufrido históricamente dos efectos económicos muy negativos: uno es su posición geográfica, el «efecto rincón». No está de paso para ir a ningún sitio y siempre esta más lejos de los centros económicos que otros territorios con las mismas o similares posibilidades de desarrollo. Este «efecto rincón» es un enorme hándicap para la competitividad del territorio en su desarrollo.
El segundo efecto, negativo sólo desde el punto de vista de desarrollo económico, es lo que yo denominaría la proximidad del Gran Imán. El Gran Imán es un centro económico próximo, desproporcionadamente atractivo frente a la capacidad de Huelva, en este caso Sevilla. Sevilla es un centro económico, tan enorme comparado con Huelva y desde hace tantos siglos, que nunca ha tenido mucho sentido desarrollar Huelva porque ya estaba Sevilla. Este segundo hándicap es casi más terrible que el primero porque, para colmo, desmonta la motivación y los argumentos de los onubenses para luchar por un desarrollo económico propio, ¿para qué? Ya lo tenemos en Sevilla. Es el mismo fenómeno que han vivido Toledo o Guadalajara frente a Madrid y otros territorios próximos a Barcelona, Valencia o Bilbao.
Con estas condiciones objetivas y sus consecuencias, acumuladas durante siglos, en la población y el tejido social y económico del territorio, la única forma de salir del pozo es con un impulso consciente y decidido de los poderes políticos. Es absolutamente inviable que el territorio, con su casi inexistente potencia económica revierta una situación como esta.
Partiendo de esta realidad, el Gobierno de España, secundado por la Junta de Andalucía pretende que la creación de las dos grandes infraestructuras que podrían impulsar el desarrollo de la provincia, Aeropuerto y AVE, se financien con la propia capacidad económica del territorio, es decir, dejando estas obras en manos de la iniciativa privada. Sabíamos desde hace tiempo que esta era la opción, claramente fracasada, para el Aeropuerto y ahora nos anuncian que también será la opción para el AVE.
Pretender que la propia capacidad de la economía local acometa estas infraestructuras es totalmente irracional y por tanto algo más parecido a un lance torero que a una decisión política (triste si nos damos cuenta que el sujeto de la lidia es la población onubense) y además es un agravio frente a inversiones realizadas sin recurrir a la iniciativa privada, en otros muchos territorios de España, algunos, como Málaga o León, mucho menos sometidos al Efecto Rincón o el Efecto Imán que la provincia de Huelva.
Proponer que se financien este tipo de obras con iniciativa privada, es decir que las financie el mercado local, en un territorio cuyo tejido económico no es ni siquiera capaz de generar un nivel de empleo homologable con su entorno, es simplemente abandonar el territorio a su triste suerte y mirar para otro lado. Es, dicho en Román Paladino, una burla del poder frente al subdesarrollo.
Por eso, la población de la Provincia de Huelva está en el derecho y creo que hasta en la obligación ante sus descendientes, de revelarse frente a estas decisiones y pedir a sus representantes políticos locales, elegidos por los ciudadanos para que los defiendan a ellos y no a otros, que se unan a sus representados para enfrentarse, sin complejos, a los que deciden donde invertir los recursos compartidos hasta que se alcance a una situación razonable de equilibrio de oportunidades con otros territorios del País.
Y creo que no me excedo si declaro que es lícito acusar de traicionar la confianza de sus representados a cualquier representante político local que no haga frente a este agravio.
La Huelva Cateta 