Hace unos meses, una comisión del Parlamento Europeo se desplazó a Huelva para estudiar el estado de las balsas de fosfoyesos y la situación ambiental en general de la ciudad de Huelva. Esta comisión visitó las instalaciones y mantuvo diversas reuniones con diferentes entidades y colectivos, entre ellos el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y Fertiberia.
Las conclusiones se fueron con los parlamentarios de vuelta a Bruselas y desde entonces hemos estado esperando para ver en qué termina todo esto. El 1 de Junio se ha celebrado la sesión correspondiente del Parlamento Europeo. Hasta Bruselas se desplazaron la presidenta de la Diputación Provincial, Petronila Guerrero y Pedro Jiménez como portavoz de la Plataforma Mesa de la Ría.
Pedro Jiménez ha insistido en la necesidad de una descontaminación “profunda” que no se quede en una simple “solución paisajística” (a base de echar escombros) para “tapar” las balsas de fosfoyesos. También ha solicitado de los gobiernos nacional, autonómico y local, mecanismos «que garanticen la participación para no repetir errores pasados. La Junta de Andalucía debe asegurar esa colaboración en todo lo que tenga que ver con la restauración de los fosfoyesos, huyendo de la imposición como método de trabajo». Finalizando su invervención con una frase del escritor onubense, Juan Cobos Wilkins: «frente a quienes sólo les preocupa la línea gruesa y quebrada de la economía estamos quienes nos preocupa la línea delgada y recta de la vida«
Por su parte, el representante de la Asociación Mesa de la Ría, el ex eurodiputado David Hammerstein ha solicitado que se impulsen estudios epidemiológicos que aclaren por qué los índices de enfermedades oncológicas, respiratorias y cardiovasculares superan los registros de otras zonas.
Por su parte, la intervención de Petronila Guerrero ha estado dirigida a limipar la mala imagen de la zona, queriendo dejar claro que “las empresas y la administración han asumido y se han comprometido con la cultura de la sostenibilidad” en Huelva y considera “injusto” que se identifique esta provincia como una región “especialmente contaminada”. Ha destacado el “esfuerzo” que ha permitido que los problemas medioambientales en la zona “se hayan solucionado o estén en vía de solución” y critica la “alarma social” creada por la “actitud radical” de los denunciantes de este caso. Guerrero ha admitido que hay situaciones “mejorables”, pero ha asegurado que se trata de casos “puntuales” a los que “si no se ha dado solución aún, la tenemos prevista” y ha destacado que se han realizado ya “muchos estudios y análisis” y que Huelva ha demostrado estar “en condiciones de pasar los más rigurosos con éxito”.
Finalmente, las conclusiones del Parlamento han sido éstas:
Las industrias, que comenzaron a instalarse en Huelva a finales de 1950 y comienzos de 1960 fueron acogidas favorablemente por la población local. En aquél momento aportaban la promesa del empleo y del desarrollo económico a una región que los necesitaba. Ocuparon una zona pantanosa, infestada de mosquitos y que, según numerosas opiniones, carecía de particular interés. Sin embargo, el vertido continuo de residuos industriales, tóxicos en su mayor parte, y los riesgos considerables de estos para la salud de la población local provocaron entre esta una inquietud creciente. Los desechos no solo han contaminado la zona pantanosa inicial, sino también la propia cuenca fluvial. Aunque las autoridades han comenzado, tardíamente, a responder a esas preocupaciones, subsisten graves fallos en la gestión de este problema. (La apertura de un procedimiento por infracción contra España el 18 de marzo, como resultado de una misión de información, indica que la Comisión comparte nuestra inquietud).
Además, las autoridades, en muchos aspectos, no han respondido de manera adecuada a las preocupaciones de la sociedad civil y a los llamamientos de las asociaciones de ciudadanos, que, por consiguiente, han acudido al Parlamento Europeo en busca de apoyo.
La delegación ha tomado nota del informe realizado por la Comisión Europea en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom (referencia ES-09/08) y también del estudio, muy crítico, realizado por CRIIRAD (N º 07-117) con el que, en líneas generales, está de acuerdo.
La principal empresa interesada, Fertiberia, cooperó bien con la delegación en el curso de la visita, sin embargo se negó a reconocer cualquier riesgo o problema particular. Y, aunque nosotros no tenemos la posibilidad de cuantificar con precisión la importancia de los riesgos, es evidente que existen. Las respuestas a las preguntas fueron, por tanto, bastante evasivas, aunque complementadas con varios volúmenes de documentación, y no dieron satisfacción a los miembros presentes.
- Los miembros observaron una aparente falta de comunicación entre las autoridades nacionales competentes y las autoridades municipales y regionales.
- También parece existir una clara falta de contacto entre las empresas interesadas, los peticionarios, las asociaciones locales que se ocupan de la protección de la salud y los especialistas.
- En consecuencia, todos los interesados deben cooperar con urgencia para establecer un diálogo permanente y restablecer el clima de confianza que lamentablemente falta, con el fin de evitar situaciones puedan provocar un clima de pánico local en algunas zonas y despertar la desconfianza de todos los interesados. Al mismo tiempo, los medios de comunicación y las asociaciones locales deben mostrarse más prudentes en su manera de enfocar el problema, ya que una actitud de provocación puede ser perjudicial a la hora de encontrar una solución adecuada al conflicto.
- Las autoridades y las empresas interesadas, en particular Fertiberia, deberían facilitar la inspección in situ de las instalaciones de gestión de los residuos y autorizar a los peticionarios, acompañados de asesores independientes, el acceso al sitio, específicamente para que indiquen las zonas exactas que consideran especialmente peligrosas o potencialmente nocivas como consecuencia de una fuga o una contaminación.
- A pesar de los numerosos estudios científicos realizados en materia de epidemiología, radiología, toxicología y otras cuestiones, los miembros consideran que deberían ser complementados y coordinados a fin de demostrar la correlación específica entre el vertido de residuos peligrosos y su impacto en la salud pública.
- Se debe realizar cuanto antes un estudio específico más detallado sobre las personas que trabajan en la industria local, con objeto de confirmar o desmentir la amplitud de la contaminación generada por la producción y los residuos de fosfoyeso, o de cualquier otra contaminación industrial. Sería especialmente útil contar con un registro de las enfermedades declaradas que puedan estar relacionadas con estas fuentes potenciales de contaminación.
- Conviene también llevar a cabo y hacer público un estudio de impacto específico de la contaminación del suelo y del agua, incluidos los lechos de los ríos y la cuenca fluvial, que podría utilizarse como un instrumento para la gestión de residuos. Este estudio debería cubrir la zona en la que están enterrados los residuos de Acerinox y todas las demás áreas. Consideramos que es necesario establecer un sistema permanente y transparente de vigilancia en tiempo real de la contaminación del suelo, el aire y el agua, que sea accesible a todos los ciudadanos, por ejemplo, a través de Internet.
- En cualquier caso, todo el sitio debe ser descontaminado a fin de mantener la región en un estado que sea conforme con toda la legislación europea vigente. Se debe adoptar el principio de «quien contamina paga». En caso de cierre de las empresas interesadas, éstas, a pesar de todo, tendrán que asegurarse de que el sitio que ocupan quede totalmente descontaminado y de que se aplique un plan para la rehabilitación y la renovación de la zona en cuestión.
- También se debe establecer un objetivo específico de reinversión del sitio para crear oportunidades de empleo sostenible y para la reconversión profesional de las personas empleadas, ahora o anteriormente, en el sitio. Las autoridades pertinentes y la Comisión Europea deberían debatir las prioridades con vistas a obtener financiación de la UE para este tipo de proyecto de desarrollo sostenible respetuoso de la integridad de la región, de su población y de su entorno ambiental. Los miembros de la delegación son especialmente conscientes de la situación de los trabajadores afectados, casi todos los cuales han pasado toda su vida laboral en estas plantas industriales y a quienes conciernen más que a nadie la posible contaminación y el posible cierre de la fábrica.
- Cualquier estudio nuevo o futuro proyecto de planificación debería contar con la participación de los peticionarios, las asociaciones locales y los organismos representativos a fin de contribuir a la identificación de soluciones viables.
- Las industrias locales deberían ser objeto de visitas complementarias imprevistas realizadas por las autoridades competentes en materia de salud y seguridad.
Ahora habrá que esperar de nuevo a ver si todo esto queda en simples palabras.
La Huelva Cateta 